La reciente publicación del Decreto No. 201, que reforma la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas para regular el servicio de plataformas digitales como Uber y DiDi, detonó el rechazo de conductores de este sector, quienes consideran que la nueva normativa impone cargas innecesarias, costos elevados y criterios excluyentes que afectan directamente su derecho al trabajo y la movilidad de los usuarios.
Conductores de plataformas digitales manifestaron su desacuerdo con el nuevo marco legal aprobado en Chiapas, al señalar que la regulación no parte de criterios técnicos ni de seguridad, sino que introduce requisitos que consideran desproporcionados y selectivos. De acuerdo con Jerson Feller Trujillo Hernández e Iván Alonso Macías, representantes de conductores, la reforma “no busca mejorar la movilidad ni la seguridad, sino frenar un modelo que ya funciona”.
Los inconformes explicaron que el transporte por plataformas ya opera bajo esquemas de control y trazabilidad que no existen en el modelo tradicional. Identificación del conductor y del vehículo, registro de rutas, horarios y destinos, monitoreo en tiempo real, atención a reportes, evaluación constante del servicio y bloqueo permanente de conductores con malas prácticas forman parte del sistema diario de operación. “La plataforma ya tiene un sistema de control y rendición de cuentas que el modelo tradicional no posee”, señalaron.
En materia fiscal, los conductores indicaron que gran parte del gremio ya contribuye al fisco federal mediante el pago de IVA e ISR, además de operar con cuentas bancarias y registros electrónicos ante el SAT. Bajo ese contexto, cuestionaron que la reforma pretenda imponer nuevas cargas económicas a un sector que ya es rastreable y formal, mientras persisten esquemas de informalidad en otras modalidades de transporte. “No se puede castigar al que paga y tolerar al que evade”, expresaron.
Uno de los puntos más criticados del decreto es la restricción de antigüedad vehicular máxima de cinco años para poder operar en plataformas. Los conductores sostienen que este criterio no garantiza seguridad y sí provoca exclusión económica. “No se toma en cuenta el mantenimiento real de las unidades y se deja fuera a miles de familias que dependen de este ingreso”, advirtieron, al señalar que una inspección físico-mecánica sería un parámetro más adecuado.
También rechazaron el cobro del 1.5 por ciento por viaje, al considerar que este costo impactará directamente en las tarifas al usuario y en los ingresos de los conductores. Subrayaron que este esquema de recaudación se aplica a un modelo ya fiscalizado, mientras que gran parte del transporte concesionado tradicional continúa operando en efectivo y sin un control fiscal equivalente.
A estos señalamientos se suman los costos administrativos establecidos en la reforma. Por la expedición de la Constancia de Registro del uso de plataformas tecnológicas para el servicio de transporte privado especializado con chofer, el decreto fija un cobro de 5 mil 250 pesos, mientras que la renovación anual tendrá un costo de 3 mil 150 pesos, montos que, de acuerdo con los conductores, representan una carga adicional para quienes dependen de esta actividad como principal fuente de ingreso.
Los representantes del sector también señalaron que las plataformas han generado beneficios directos para los usuarios, como tarifas visibles antes de iniciar el viaje, mayor transparencia en los cobros, opciones de pago electrónico, posibilidad de identificar al conductor y mecanismos de evaluación del servicio, lo que ha elevado los estándares de calidad y competencia en la movilidad urbana.
Finalmente, los conductores hicieron un llamado a las autoridades estatales para revisar de manera inmediata el decreto y abrir mesas reales de trabajo con participación de conductores, usuarios y especialistas. Entre sus principales demandas se encuentran la suspensión del límite de antigüedad vehicular, la eliminación del engomado por plataforma, la revisión del cobro porcentual por viaje y una regulación efectiva y equitativa del transporte concesionado. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad y justicia”, concluyeron.