Tapachula, Chiapas., a 10 de abril del 2026.- (DSN) La entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas en diciembre de 2025 ha encendido las alertas entre productores del Soconusco, quienes denuncian estar en un escenario de incertidumbre, indefensión y posible retroceso productivo.
Agricultores de la región aseguran que las reformas, aunque buscan garantizar el derecho humano al agua, en la práctica están generando obstáculos para el desarrollo del campo, particularmente por la falta de claridad en la regularización de concesiones.
Antonio Vallejo Sonnemann, productor de mangostán, café y yaca, describe la situación con una analogía contundente: “Es como tener un Ferrari, pero sin poder ponerle gasolina. Puedes tener las mejores tierras, pero sin agua no puedes producir; dependes únicamente de la lluvia”.
El problema, señala, no es aislado. En su caso, la concesión de agua quedó inactiva tras el fallecimiento de su madre, quien era la titular, y además el documento ya había vencido. Esta situación, afirma, es común entre productores de la región.
“Sin el título de concesión no puedes acceder a subsidios de energía eléctrica para riego, ni a créditos bancarios o financiamiento. Puedes tener el terreno y las ganas de trabajar, pero sin ese respaldo legal, simplemente no hay apoyo”, expuso.
La consecuencia directa, advierten, es el regreso forzado a cultivos de temporal, una práctica que consideran poco rentable y riesgosa frente a las condiciones climáticas actuales.
“Así no se puede hablar de una agricultura moderna. Necesitamos certeza jurídica sobre el agua para poder producir”, enfatizó.
Gerardo Enrique Cabal Arrevillaga, presidente de la Asociación Agrícola Local de Fruticultores del Soconusco comento que la nueva legislación establece restricciones a las concesiones privadas para evitar acaparamiento y elimina la transmisión de derechos entre particulares, al tiempo que refuerza el control de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). También prioriza el uso doméstico, promueve el reúso y endurece sanciones por el uso indebido del recurso.
Sin embargo, productores advierten que la ley carece de mecanismos claros de transición para quienes ya operaban bajo esquemas anteriores, lo que podría traducirse en una caída en la producción agrícola y en mayores dificultades económicas para el sector.
En una región donde el campo es motor económico, la falta de acceso legal al agua no solo pone en riesgo las cosechas, sino también el sustento de cientos de familias.