Tapachula, Chiapas., a 06 mayo del 2026 (DSN). – En Tapachula, la inconformidad de los comités de padres de familia ya no es un murmullo aislado, sino un reclamo colectivo frente a prácticas que evidencian una preocupante falta de organización y, peor aún, de respeto. Lo que debía ser una jornada informativa y de coordinación terminó convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo la improvisación institucional puede desgastar la confianza ciudadana.
La convocatoria inicial en instalaciones de SAGARPA parecía formal, aunque pronto se reveló como el primer eslabón de una cadena de decisiones erráticas. Sin previo aviso claro, el evento fue trasladado a la zona de la 17, obligando a decenas de representantes escolares a desplazarse y, posteriormente, a esperar durante más de tres horas en medio de la incertidumbre. No hubo información oportuna, ni explicación convincente: solo silencio institucional y desorganización.
El episodio no terminó ahí. De acuerdo con testimonios de los propios asistentes, la reunión estaba dirigida únicamente a tesoreros, lo que deja en evidencia una convocatoria inflada que movilizó innecesariamente a padres y representantes. Este tipo de prácticas no puede minimizarse como un simple error logístico; es, en esencia, una falta de respeto al tiempo y a la disposición de quienes participan activamente en la vida escolar.
Pero el señalamiento más delicado apunta a la presunta manipulación de los asistentes por parte de funcionarios responsables del evento. Diversos testimonios señalan a Manuela Obrador, delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, y a José Luis Elorza Flores, director de la Zona 09 de Bienestar en Tapachula, como figuras centrales en una dinámica donde no solo imperó la desorganización, sino también la presión para generar una narrativa favorable.
Según los asistentes, hubo insistencia en aplaudir, participar activamente y mostrar entusiasmo durante el acto, lo que generó incomodidad y la percepción de que el objetivo principal no era atender a la comunidad educativa, sino construir una imagen política cuidadosamente escenificada. De ser cierto, esto representaría una práctica preocupante: el uso de ciudadanos como herramienta para legitimar actos públicos que distan de ser transparentes y eficientes.
Las preguntas son inevitables y legítimas: ¿por qué convocar a más personas de las necesarias? ¿por qué realizar cambios de último momento sin una comunicación clara? ¿por qué someter a los ciudadanos a largas horas de espera sin ninguna justificación? Y más aún: ¿por qué inducir comportamientos para simular respaldo y entusiasmo?
Lo ocurrido no solo exhibe fallas operativas; revela una forma de hacer gestión pública donde la apariencia parece importar más que la eficiencia, y donde la participación ciudadana corre el riesgo de ser instrumentalizada.
La autoridad correspondiente tiene la obligación de explicar lo sucedido y, más importante aún, de corregir estas prácticas. Porque cuando el tiempo de la gente se desperdicia y además se intenta moldear su comportamiento para fines ajenos, lo que realmente se erosiona no es solo la logística institucional, sino la credibilidad misma del servicio público.
En Tapachula, la ciudadanía ya comenzó a cuestionar. Y con razón.
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