La movilización también incluyó reclamos contra COAPATAP, principalmente por supuestos cobros excesivos del servicio de agua
Tapachula, Chiapas., a 19 de agosto del 2026. (DSN). – Integrantes de la organización “Alianza por Tapachula” realizaron este martes 18 de agosto una movilización que inició en las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) y concluyó frente al Palacio Municipal, donde expresaron su rechazo a lo que calificaron como presuntos actos de corrupción y abusos en la administración pública.
Durante la protesta, comerciantes del Centro Histórico y de distintos mercados de la ciudad portaron pancartas y lanzaron consignas dirigidas al presidente municipal Yamil Melgar y a funcionarios del Ayuntamiento, a quienes exigieron que se investiguen las irregularidades que afirman los manifestantes, afectan a comerciantes y ciudadanos.
Entre las principales denuncias señalaron presuntos cobros excesivos, ocupación de calles y banquetas, así como el deterioro del rastro municipal. Los inconformes demandaron que, en caso de comprobarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley contra quienes resulten responsables.

La movilización también incluyó reclamos contra COAPATAP, principalmente por supuestos cobros excesivos del servicio de agua potable, cortes que los manifestantes consideran indebidos y problemas relacionados con la calidad del agua.
Con consignas como “¡Basta de corrupción!” y el llamado a una investigación de las autoridades municipales, la Alianza por Tapachula afirmó que mantendrá su exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
La protesta coloca nuevamente sobre la mesa el descontento de sectores comerciales y ciudadanos de Tapachula que demandan respuestas concretas de las autoridades.
Ahora la interrogante queda en el gobierno municipal: **¿escuchará las demandas de los manifestantes y abrirá investigaciones sobre los señalamientos, o continuará creciendo el descontento ciudadano?
Los señalamientos expresados durante la protesta corresponden a denuncias de los manifestantes y deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existen responsabilidades.