Se trata de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales que propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad
de Candidaturas que dependa del INE
Los partidos políticos entregarán voluntariamente a la Comisión la lista de los
aspirantes a candidatos y la Comisión consultará a la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR,
instancias que analizarán y determinarán que “no exista riesgo” o que “exista
riesgo razonable”
Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de
determinar si registran o no dicha candidatura
De encontrar información relevante las instituciones de seguridad, inteligencia y
procuración de justicia, de acuerdo con sus atribuciones, continuarán con las
investigaciones correspondientes
Ciudad de México, 21 de mayo de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la
propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para
la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del
Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de
cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido
político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se
ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que
será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del
2027”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción
de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que
permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún
antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones; sin
embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano
presentarán denuncias.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de
Verificación de Integridad de Candidaturas será integrada por 5 consejeros electorales
elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.
Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan
participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir
y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la existencia de
información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia
organizada.
Detalló que la Comisión funcionaría de la siguiente forma: Los partidos políticos entregan
voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta
a las dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo” o si
“existe riesgo razonable”. Posteriormente la Comisión informa a los partidos políticos si
existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese
riesgo, con base en ello los partidos políticos n responsables de determinar si registran o
no la candidatura; sin embargo, de encontrar información relevante, las instituciones, de
acuerdo con sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.
Detalló que quienes deseen aspirar a una candidatura deberán como requisito obligatorio
manifestar al partido político que lo postule su conformidad para ser evaluados por la
Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.
Agregó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las
partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.